Durante este histórico julio los colombianos hemos sufrido un torrente de comanduleo que recuerda lo peor de la Edad media. Que una persona secuestrada durante años acuda a la religión como último refugio, a pesar de haber sido educada siguiendo los preceptos del mejor laicismo cartesiano, es entendible. También es entendible que una reina de belleza exprese su acatamiento absoluto a las leyes del todo poderoso, en el marco de un magno certamen como Miss Universo. También puede entenderse que la iglesia católica tenga su propio canal de televisión. Lo que no es entendible es que el presidente de un país cuyos habitantes profesan diferentes visiones religiosas incluyendo, claro, a los ateos, salga blandiendo ave marías y padrenuestros, vírgenes y vísceras sagradas cada que puede. Un reciente editorial de L. Salcedo en el renovado El Espectador, lo expresa con claridad y sencillez: a las minorías no católicas hay que respetarlas, a pesar del fanatismo mesiánico de las mayorías apostólicas y romanas, y teniendo en cuenta la vieja y productiva idea de la separación de la iglesia y el estado.
El problema es que la idea de un estado laico y secular en Colombia es casi utópica, a pesar de lo expresado en nuestra vilipendiada pero todavía admirable constitución de 1991. Desde los tiempos de Caro y Nuñez, incluso antes, el poder tradicional y la religión católica se han amangualado en nuestro país, unas veces con cierto distanciamiento, y otras de forma abiertamente íntima. La cuestión ha llegado a extremos impensables dentro del marco de un estado moderno, incluso en el contexto latinoamericano. No hace falta hablar de los presidentes conservadores elegidos a dedo por los arzobispos a principios del siglo XX, ya que en tiempos más recientes tenemos exabruptos tardomedievales casi peores.
Resulta perturbadoramente curioso, por ejemplo, que presidentes como Andrés Pastrana, a comienzos del siglo XXI, sean parte de órdenes medievales y firmen pactos diplomáticos con ellas en nombre de un país plural y diverso como Colombia. Sí, Pastrana y su papá fueron miembros de la orden de los Caballeros de Malta, aunque no son los únicos políticos y empresarios relacionados con esta institución. El trasfondo ideológico de este tipo de organizaciones resulta delirante en nuestra época, pero igual organizaría nuestros problemas políticos y económicos en un marco arcaico muy acorde con la visión de país que poseen grupos cada vez más amplios en nuestras elites. La guerra entre el estado colombiano y la subversión comunista sería una especie de guerra santa, una cruzada religiosa. La pobreza sería una cuestión de caridad y asistencialismo paternal que lleva a unos al cielo y a otros al purgatorio del sufrimiento paliado pero nunca erradicado, a la mejor manera de Sor Teresa de Calcuta. A los ateos comunistas hay que cargárselos a todos, y a los pobres hay que enseñarles a ser pacientes en su sufrimiento: si alguien los despoja de sus tierras, asesinando a sus familiares en el proceso, deben perdonar y abandonar cualquier intención de buscar justicia.
El magistrado Alfredo Beltrán lo dejó muy claro al negarse a declarar exequible el convenio entre Colombia, un país centrado supuestamente en valores modernos, y la Orden Militar de Malta, una institución mixta resultado de los rezagos del la Edad media. En su salvamiento de voto dice:
Guerra santa, exclusión de minorías, relaciones productivas con el narcotráfico, apoyo militar de E.U... ¿Cuál sería la diferencia entre este Estado católico no declarado y el régimen Talibán?
El problema es que la idea de un estado laico y secular en Colombia es casi utópica, a pesar de lo expresado en nuestra vilipendiada pero todavía admirable constitución de 1991. Desde los tiempos de Caro y Nuñez, incluso antes, el poder tradicional y la religión católica se han amangualado en nuestro país, unas veces con cierto distanciamiento, y otras de forma abiertamente íntima. La cuestión ha llegado a extremos impensables dentro del marco de un estado moderno, incluso en el contexto latinoamericano. No hace falta hablar de los presidentes conservadores elegidos a dedo por los arzobispos a principios del siglo XX, ya que en tiempos más recientes tenemos exabruptos tardomedievales casi peores.
Resulta perturbadoramente curioso, por ejemplo, que presidentes como Andrés Pastrana, a comienzos del siglo XXI, sean parte de órdenes medievales y firmen pactos diplomáticos con ellas en nombre de un país plural y diverso como Colombia. Sí, Pastrana y su papá fueron miembros de la orden de los Caballeros de Malta, aunque no son los únicos políticos y empresarios relacionados con esta institución. El trasfondo ideológico de este tipo de organizaciones resulta delirante en nuestra época, pero igual organizaría nuestros problemas políticos y económicos en un marco arcaico muy acorde con la visión de país que poseen grupos cada vez más amplios en nuestras elites. La guerra entre el estado colombiano y la subversión comunista sería una especie de guerra santa, una cruzada religiosa. La pobreza sería una cuestión de caridad y asistencialismo paternal que lleva a unos al cielo y a otros al purgatorio del sufrimiento paliado pero nunca erradicado, a la mejor manera de Sor Teresa de Calcuta. A los ateos comunistas hay que cargárselos a todos, y a los pobres hay que enseñarles a ser pacientes en su sufrimiento: si alguien los despoja de sus tierras, asesinando a sus familiares en el proceso, deben perdonar y abandonar cualquier intención de buscar justicia.
El magistrado Alfredo Beltrán lo dejó muy claro al negarse a declarar exequible el convenio entre Colombia, un país centrado supuestamente en valores modernos, y la Orden Militar de Malta, una institución mixta resultado de los rezagos del la Edad media. En su salvamiento de voto dice:
Es decir, tenemos entonces que en Colombia cualquier tratado o convenio que se celebre con la Orden Militar de Malta para cuya ejecución actúe como intermediaria la asociación de los caballeros de la misma, implica aceptar que unos colombianos se encuentran simultáneamente representados por su Estado Soberano y le deben sujeción al mismo tiempo a una asociación universal extranjera que se rige por otra Carta Constitucional, un código interno y unas reglas y costumbres de obligatorio acatamiento, diferentes de la del resto de los colombianos. Así, para ellos, por lo menos existiría la posibilidad de un conflicto de lealtades: la debida como colombianos a su propio Estado y la que también le deben a la Soberana Orden Militar de Malta a la que pertenecen. Esto pone en duda, a mi juicio, la viabilidad jurídica de la celebración de tales convenios o tratados con una entidad que hunde sus raíces en el medioevo y que luego de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, los avances filosóficos que imponen el reconocimiento del pensamiento ajeno, la libertad y la tolerancia como valores universales, no es, en la hora presente, sino un ente supérstite de la confusión que existió otrora entre el poder religioso de los Papas y el poder civil que ejercen los Estados.Es, a no dudarlo, la supervivencia de la época feudal, de la dominación eclesiástica, del oscurantismo político y religioso, al que se le dio entrada desafortunada en la legislación colombiana con el Decreto 0145 de 1953, suscrito precisamente en el mismo año que el Convenio de Misiones, para mantener privilegios hoy inaceptables a una religión determinada que, conforme a la Constitución de 1991, se encuentra en igualdad de condiciones con las demás confesiones religiosas.
Guerra santa, exclusión de minorías, relaciones productivas con el narcotráfico, apoyo militar de E.U... ¿Cuál sería la diferencia entre este Estado católico no declarado y el régimen Talibán?
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